Su aplicación supone proteger las aguas superficiales y subterráneas de los vertidos, evitando especialmente las pérdidas de sustancias prioritarias, defender los ecosistemas acuáticos asegurando el régimen hídrico de los humedales y los caudales ecológicos de los cauces, hacer planes de restauración hidrológico-forestal para evitar la erosión del suelo y prevenir los efectos de inundaciones y sequías.
Estos planes, en los que deben participar los distintos estamentos de la sociedad interesados, deben establecer para los usuarios tarifas que permitan recuperar los costes de las obras y los de su explotación y mantenimiento.
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