El litoral está siendo protagonista de una de las mayores transformaciones por escala y celeridad en España. Asimismo, se han establecido por parte del Ministerio de Medio Ambiente una serie de acciones y estrategias que están encaminadas a revertir la situación de insostenibilidad del litoral en España.
Destacamos respecto a esta línea la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa, el Programa de Adquisición de Terrenos de la Costa y el Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre.
La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa (ESC), impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente, se propone como un instrumento avanzado, continuo, flexible, concertado, para la gestión integrada de las actuaciones en el litoral, cuya finalidad es disponer de un documento de planificación estratégica en el que, desde criterios de sostenibilidad medioambiental, se establezcan objetivos generales que van a inspirar la política de Costas, determinen objetivos específicos para cada unidad de gestión costera y fijen ejes prioritarios de actuación para su consecución.
El Programa de Adquisición de Terrenos de la Costa es un sistema previsto en la Disposición Adicional tercera de la Ley de Costas para reforzar los mecanismos de protección de la costa bajo la perspectiva de desarrollar una gestión sostenible a largo plazo. El Ministerio de medio Ambiente, a través de la Dirección General de costas, ha puesto en marcha un programa para la adquisición de terrenos en el litoral, con objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo-terrestre de nuevos espacios que no pueden ser incluidos en el mismo por su naturaleza.
El Deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPM-T) venía reflejado en la ley de Costas de 1988. El objetivo de determinar el DPM-T es garantizar su uso público, regular la utilización racional de los bienes y conseguir un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar. Con el objeto de acabar con la indefinición de los deslindes, situación que causa graves perjuicios, tantos para los particulares afectados, como para el medio ambiente, en mayo de 2004 el Ministerio de Medio Ambiente, marcó unas directrices encaminadas a que en el plazo máximo de cuatro años, la totalidad de la costa española quede completamente deslindada.